1) El otro día con compañeras y compañeros abogados charlábamos sobre la responsabilidad judicial en las políticas de seguridad. Muchas veces que se discute un tema de trascendencia pública el poder judicial sale indemne, no por falta de responsabilidad sino porque no se lo menciona. Otras veces, como en el caso Sal Lari, se sanciona a integrantes de ese poder por no disciplinarse en una línea de mano dura que, como ya dijimos muchas veces, no resuelve sino que reproduce la violencia y la inseguridad. El sistema judicial es cómplice de la inseguridad porque actúa a corto plazo y cuando alguno piensa en el futuro, lo quieren echan. Por otra parte, para muchos jueces cuando la inseguridad la genera la misma policía, no hay delito. En temas de seguridad el poder judicial tiene mucho para hacer, siempre tuvo mucho para hacer y, en la práctica, a veces puede tener más incidencia que un Ministerio de Seguridad.
2) Tradicionalmente cuando la policía tortura en una comisaría pasan dos cosas en la investigación judicial: o no se investiga o se investiga como apremios ilegales y no como tortura (la pena por apremios es de uno a cinco años y por tortura de ocho a veinticinco años de prisión).
3) Realizada esa crítica que, por supuesto, requiere mucho más análisis, Rulo, con tu permiso, quiero comentar una sentencia judicial que, como una isla, muestra algo de esperanza en este naufragio. Es un caso que comentamos acá, en el cual se denunció que policías de la Comisaría 23 habían torturado a tres menores (dos de 17 y uno de 16) en julio del año pasado. Las torturas fueron con una especie de picana eléctrica en el patrullero y en la comisaría. Además, también como método de tortura, los policías les pegaron en la cara y les cortaron el pelo. Simplemente los acusaban de romper el vidrio de una camioneta. El caso fue publicado, entre otros lugares, en el suplemento Ni a Palos del diario Miradas al Sur el 2 de enero de este año.
Fue el primer caso en los últimos 8 años que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad tomó conocimiento de la implementación de la picana como instrumento de tortura en Comisarías de la Ciudad. Y fue el primer caso en esa institución en el cual se tuvo como protagonista a una mujer policía en un caso de tamaña relevancia de brutalidad y/o violencia policial.
Lo cierto es que el Juzgado de Instrucción n° 26 de la Capital, a cargo de Mariano Scotto, el 8 de abril, procesó por torturas a la mujer policía, que estaba a cargo esa noche del servicio externo de la Comisaría 23, y a dos policías más involucrados, y les ordenó la prisión preventiva. La mujer, Natalia Fernanda Verón, está prófuga. El fallo advierte sobre el desprecio a la dignidad humana que mostraron los procesados respecto de los menores detenidos. A otros policías que también estuvieron esa noche los procesó por apremios ilegales y/o por el delito de omisión de denunciar. El juez tomó partido por una postura frente al delito de tortura: para configurarse tortura no es necesario requerir una confesión sino que lo que importa es la gravedad de los sufrimientos físicos y mentales impuestos a la víctima.
2) Tradicionalmente cuando la policía tortura en una comisaría pasan dos cosas en la investigación judicial: o no se investiga o se investiga como apremios ilegales y no como tortura (la pena por apremios es de uno a cinco años y por tortura de ocho a veinticinco años de prisión).
3) Realizada esa crítica que, por supuesto, requiere mucho más análisis, Rulo, con tu permiso, quiero comentar una sentencia judicial que, como una isla, muestra algo de esperanza en este naufragio. Es un caso que comentamos acá, en el cual se denunció que policías de la Comisaría 23 habían torturado a tres menores (dos de 17 y uno de 16) en julio del año pasado. Las torturas fueron con una especie de picana eléctrica en el patrullero y en la comisaría. Además, también como método de tortura, los policías les pegaron en la cara y les cortaron el pelo. Simplemente los acusaban de romper el vidrio de una camioneta. El caso fue publicado, entre otros lugares, en el suplemento Ni a Palos del diario Miradas al Sur el 2 de enero de este año.
Fue el primer caso en los últimos 8 años que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad tomó conocimiento de la implementación de la picana como instrumento de tortura en Comisarías de la Ciudad. Y fue el primer caso en esa institución en el cual se tuvo como protagonista a una mujer policía en un caso de tamaña relevancia de brutalidad y/o violencia policial.
Lo cierto es que el Juzgado de Instrucción n° 26 de la Capital, a cargo de Mariano Scotto, el 8 de abril, procesó por torturas a la mujer policía, que estaba a cargo esa noche del servicio externo de la Comisaría 23, y a dos policías más involucrados, y les ordenó la prisión preventiva. La mujer, Natalia Fernanda Verón, está prófuga. El fallo advierte sobre el desprecio a la dignidad humana que mostraron los procesados respecto de los menores detenidos. A otros policías que también estuvieron esa noche los procesó por apremios ilegales y/o por el delito de omisión de denunciar. El juez tomó partido por una postura frente al delito de tortura: para configurarse tortura no es necesario requerir una confesión sino que lo que importa es la gravedad de los sufrimientos físicos y mentales impuestos a la víctima.
Textual de la sentenica: "A mi juicio, y desde una perspectiva jurídico- valorativa el solo empleo o uso de la "picana" para el pasaje de corriente eléctrica resulta suficiente para configurar el grave tormento físico y psíquico que exige el tipo legal de tortura al que de esta forma cubre sobradamente. Y más allá de la simbología que este elemento de tortura reviste en nuestro país por haber sido una práctica nefasta pero cotidiana durante la última dictadura militar, lo que ya de por si lo hace claramente censurable en un estao de derecho democrático como el actual, en el plano objetivo es la gran crueldad y sufrimiento que el mismo genera en la víctima lo que permite afirmar que su uso es una forma de tortura en los términos del art. 144 tercero inc. 1 y 3 del Código Penal".
4) Para nosotros esto es un problema de seguridad y es mucho más trascendente que lo que habitualmente nos muestran como inseguridad. Básicamente por los bienes en juego. Es mucho más importante en una democracia la dignidad humana que el vidrio de una camioneta. Esto es lo que se está diciendo cuando, para empezar cualquier política seria, se anuncia una reforma en las instituciones de seguridad. Estos policías aprendieron en la dictadura y en estos casi 30 años de democracia (ayudada por políticos cómplices y medios de comunicación irresponsables) que la propiedad de un rico es más importante que la vida de un pobre. Así de sencillo. Y la reforma que empezó Garré apunta a modificar eso, la base de la pirámide.. Ya lo dijo Righi hace casi 40 años, un adelantado. Por eso hay que cambiar los nombres de las escuelas, los profesores. Y militar y laburar para que también los jueces se comprometan con este nuevo paradigma.
5) En definitiva, Rulo, vos sabés que en este blog queremos ser prácticos. No por desconocer la complejidad del tema de la seguridad ni mucho menos. Pero pensemos. Si un juez o jueza dicta prisión preventiva a un ladrón de gallinas y no investiga una tortura, está ayudando a generar más inseguridad. El fallo que comentamos, por suerte, pone el ojo donde pocos jueces quieren ver, en ese lugar donde la política pública nacional está mirando con mucha más atención desde diciembre del año pasado. Salud.
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